Artículo 25 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal

El Juez o Tribunal que se considere competente deberá promover la competencia.

También acordará la inhibición a favor del Juez o Tribunal competente cuando considere que el conocimiento de la causa no le corresponde, aunque sobre ello no haya precedido reclamación de los interesados ni del Ministerio Fiscal.

Entretanto no recaiga decisión judicial firme resolviendo definitivamente la cuestión promovida o aceptando la competencia, el Juez de instrucción que acuerde la inhibición a favor de otro de la misma clase seguirá practicando todas las diligencias necesarias para comprobar el delito, averiguar e identificar a los posibles culpables y proteger a los ofendidos o perjudicados por el mismo. A tal efecto, la resolución que inicialmente acuerde la inhibición expresará esta circunstancia, y a ella se acompañará únicamente testimonio de las actuaciones. Dirimida la cuestión o aceptada la competencia por resolución firme, el Secretario judicial remitirá los autos originales y las piezas de convicción al Juez que resulte competente.

Los autos que los Jueces municipales o de instrucción dicten inhibiéndose a favor de otro Juez o jurisdicción serán apelables, observándose en este caso lo dispuesto en el último párrafo del artículo 12. Contra los de las Audiencias podrá interponerse el recurso de casación.

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Explicación sencilla

El artículo 25 de la LECRIM establece que si un juez o tribunal considera que no es competente para conocer de un caso, debe promover la competencia, es decir, transferir el caso a otro juez o tribunal que sí sea competente. Esta decisión de inhibición a favor del juez o tribunal competente puede tomarse aún sin que los interesados o el Ministerio Fiscal lo hayan reclamado previamente. Mientras no se tome una decisión definitiva sobre la competencia, el juez que se inhibió sigue realizando todas las diligencias necesarias para resolver el caso. Una vez que se resuelva la cuestión de competencia o se acepte la competencia firmemente, se remiten los documentos originales al juez competente. Las decisiones de inhibición son apelables y contra las decisiones de las Audiencias se puede interponer un recurso de casación.

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