Artículo 86 de la Ley del Procedimiento Administrativo Común
Artículo 86. Terminación convencional.
1. Las Administraciones Públicas podrán celebrar acuerdos, pactos, convenios o contratos con personas tanto de Derecho público como privado, siempre que no sean contrarios al ordenamiento jurídico ni versen sobre materias no susceptibles de transacción y tengan por objeto satisfacer el interés público que tienen encomendado, con el alcance, efectos y régimen jurídico específico que, en su caso, prevea la disposición que lo regule, pudiendo tales actos tener la consideración de finalizadores de los procedimientos administrativos o insertarse en los mismos con carácter previo, vinculante o no, a la resolución que les ponga fin.
2. Los citados instrumentos deberán establecer como contenido mínimo la identificación de las partes intervinientes, el ámbito personal, funcional y territorial, y el plazo de vigencia, debiendo publicarse o no según su naturaleza y las personas a las que estuvieran destinados.
3. Requerirán en todo caso la aprobación expresa del Consejo de Ministros u órgano equivalente de las Comunidades Autónomas, los acuerdos que versen sobre materias de la competencia directa de dicho órgano.
4. Los acuerdos que se suscriban no supondrán alteración de las competencias atribuidas a los órganos administrativos, ni de las responsabilidades que correspondan a las autoridades y funcionarios, relativas al funcionamiento de los servicios públicos.
5. En los casos de procedimientos de responsabilidad patrimonial, el acuerdo alcanzado entre las partes deberá fijar la cuantía y modo de indemnización de acuerdo con los criterios que para calcularla y abonarla establece el artículo 34 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público.
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Explicación sencilla
El Artículo 86 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común (LPAC) establece que las Administraciones Públicas pueden celebrar acuerdos, pactos, convenios o contratos con personas tanto de Derecho público como privado, siempre que sean legales y tengan por objetivo satisfacer el interés público que les corresponde. Estos acuerdos pueden finalizar los procedimientos administrativos o formar parte de ellos como requisito previo a la resolución. Para ser válidos, estos acuerdos deben incluir la identificación de las partes, el alcance y duración, y pueden o no ser publicados según su naturaleza y destinatarios. En casos que involucren responsabilidad patrimonial, el acuerdo debe establecer la cantidad y forma de indemnización de acuerdo con los criterios establecidos por la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público.
- Título IV. De las disposiciones sobre el procedimiento administrativo común.
- Capítulo V: Finalización del procedimiento.
- Sección I: Disposiciones generales.
- Artículo 84. Terminación.
- Artículo 85. Terminación en los procedimientos sancionadores.
- Artículo 86. Terminación convencional.
- Sección I: Disposiciones generales.
- Capítulo V: Finalización del procedimiento.
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