Derecho de defensa
2. Asimismo, todos tienen derecho al Juez ordinario predeterminado por la ley, a la defensa y a la asistencia de letrado, a ser informados de la acusación formulada contra ellos, a un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías, a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa, a no declarar contra sí mismos, a no confesarse culpables y a la presunción de inocencia.
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Explicación sencilla
El artículo 24.2 de la Constitución Española establece los derechos fundamentales de las personas en un proceso judicial. Según esta cita, todas las personas tienen derecho a que se les asigna un juez imparcial, a contar con un abogado defensor, a ser informados de los cargos presentados en su contra, a un juicio público y sin retrasos innecesarios, a presentar pruebas en su defensa, a no declarar en su contra, a no admitir culpa y a ser considerados inocentes hasta que se demuestre lo contrario. En resumen, esta cita garantiza un proceso justo y equitativo para proteger los derechos de las personas ante la justicia.
El derecho de defensa es uno de los elementos principales del proceso penal español. Esta garantía se encuentra en la Constitución Española y también en numerosos tratados internacionales. El derecho de defensa se refiere a la posibilidad de que un acusado pueda defenderse frente a una acusación penal.
En un Estado de Derecho, el principio de legalidad señala que nadie puede ser condenado por un delito a menos que primero se le haya otorgado un proceso justo. Este principio se aplica a todos los procesos penales, y supone que el acusado tiene derecho a una defensa adecuada.
Esto significa que el acusado debe ser informado de sus derechos antes de que comience el juicio. Esto incluye el derecho a la presunción de inocencia, el derecho a no declarar contra sí mismo, el derecho a un juicio justo y a una defensa adecuada.
Además, tiene el derecho a que se respete su confidencialidad, a tener acceso a la información de la acusación, debe estar presente y ser escuchado durante el juicio, y debe tener el derecho a un abogado.
En España, el derecho de defensa se encuentra regulado en su normativa interna, como el Código Penal, el Código Procesal Penal, la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley de Enjuiciamiento Criminal en su artículo 118.
Dicha regulación se encuentra en la línea de los estándares internacionales, garantizando el derecho a la presunción de inocencia, el derecho a ser informado de los cargos, el derecho a un juicio justo, el derecho a un abogado de confianza, el derecho a una defensa adecuada y el derecho a una vista pública.
Estos derechos son fundamentales para garantizar la preservación de los derechos humanos y evitar la imposición de penas injustas.
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